El diputado Fernández cargó contra el juez Maldonado

El diputado provincial Osvaldo Fernández (UCR) cuestionó al juez Gustavo Maldonado, recordando que fue secretario de Héctor Toloy “confeso bustista y muy recordado por la prescripción de investigaciones penales con las que se benefició el entorno del gobernador Busti” y que además afirmó el legislador.

Maldonado, quien tuvo a su cargo la instrucción en la causa por la pérdida de alimentos del Ministerio de Salud y declaró el sobreseimiento de la ex – ministra Degani. Esto “ofende la conciencia ciudadana”, sentenció Fernández.

A raíz de los sobreseimientos dictados en favor de la ex Ministro de Salud de Entre Ríos, Graciela López de Degani y del ex encargado del depósito, Hugo Musto, en la causa que se les sigue por la pérdida de miles de toneladas de alimentos de planes oficiales, el diputado Fernández, denunciante en ese proceso,  señaló que “hay que recordar que el juzgado que interviene en esta causa es el No. 6 de Paraná, en el que era titular el famoso (Héctor) Toloy, confeso bustista y muy recordado por la prescripción de investigaciones penales con las que se benefició el entorno del gobernador (Jorge) Busti, como lo que ocurrió con el caso de las cajas de alimentos, y que su secretario era el Dr. (Gustavo) Maldonado, actual juez con el carácter de suplente. Es decir, es un juez que no pasó por el Consejo de la Magistratura, que hoy está exhibiendo similar conducta a la de su antecesor del que tal vez aprendió las ventajas de congraciarse con el poder político”.

Fernández aludió a las repercusiones de los sobreseimientos expresando que “lo que ha pasado es gravísimo, no hay forma de explicar que pretenda que en esta causa nadie es responsable, que los alimentos se perdieron o se dejaron perder sin que una sola persona se haga cargo. No resiste el menor análisis y nos sitúa frente a una triste realidad que es la de ausencia de justicia y la pretensión de garantizar impunidad para los amigos del poder”.

“¿Qué pueden pensar las víctimas del delito y sus familiares? ¿Qué puede estar pensando aquel que necesita de los planes alimentarios si hay funcionarios que dejar perder toneladas de comida o tienen la actitud de repartir alimentos que no están aptos para el consumo, sin que se los sancione? Esos funcionarios ¿Les darían a sus hijos alimentos no aptos? Seguro que no, entonces ¿por qué sí lo hicieron con los pobres?”, interrogó Fernández.

El legislador radical resaltó finalmente que lo ocurrido “ofende a la conciencia ciudadana y a la dignidad humana en medio de reiteradas actitudes del gobierno que lesionan a las instituciones y degradan los valores republicanos”.

 

Apicultor acusa al municipio por querer cobrarle un crédito que ya pagó

El apicultor Amadeo Muñoz  acusó a la Municipalidad de pretender cobrarle un crédito que ya terminó de pagar hace varios años..

Muñoz dijo que en 1998 tomó el crédito por 4500 pesos, pero aparentemente el pago no fue registrado, y hoy el municipio le reclama más de 17 mil pesos.

“En el año 2002 se canceló el crédito, que era otorgado sólo a productores”, explicó el productor, quien comentó que todos los papeles del trámite “están en el estudio del abogado”.

Muñoz asegura que tiene los recibos, y que le pagó el crédito a Néstor Pérez, ex secretario de Hacienda municipal que en esa época era secretario de la Producción.

Asimismo, Muñoz dijo que pagó algo más de cinco mil pesos, no con dinero, sino con cuatro tachos de miel, de 330 kilos cada uno.

“Ahora, en el 2007 me mandaron una carta documento firmada por Daniel Irigoyen reclamando más de 17 pesos, sumados los intereses”, manifestó. “No sé si acá perdieron la memoria o se olvidaron de avisar que ya había pagado”, sostuvo irónico Muñoz.

Por otro lado, el productor agregó que, en ese momento, el cheque le fue entregado por Giménez, autor del desfalco municipal. Además, dijo que no desconfió de que tuviera que pagar el crédito en el municipio y no depositar el dinero en el banco, “uno lo que quiere es confiar”, explicó.

 

Preocupante: Una empresa privada cobrará foto multas

El control de velocidad en ruta mediante el sistema de las foto multas en la provincia será administrado por una empresa privada, aunque con el control operativo de la Policía de Entre Ríos.

Las notificaciones se harán en el momento, y no por correo, como ocurrió con experiencias que ya se ensayaron.

El cambio es sustancial ya que en diciembre, cuando se anunció la implementación de ese mecanismo, se dijo que la tarea iba a quedar íntegramente en manos de la fuerza de seguridad.

Pero en medio hubo que aplicar una corrección: como la Policía no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar adelante el sistema administrativo, tanto la provisión de los equipos de medición de velocidad en ruta como la emisión de las actas de infracción será tarea de los privados.

Ese es el motivo del retardo en la puesta en marcha del mecanismo, previsto inicialmente para fines de este mes, y ahora aplazado todavía sin fecha precisa.

 

Una calle gualeguaychense se tragó dos automóviles!

Dos remises pertenecientes a la empresa “Oeste” quedaron semi hundidos en una grieta que se abrió en una calle de tierra por la que transitaban, como consecuencia de los trabajos de cierre de la red cloacal que habrían estado mal realizados.

El episodio ocurrió ayer alrededor de las 21 horas cuando un remis Fiat Duna circulaba por Los Alerces, entre Rawson y Alsina, para buscar un pasajero pero con la mala suerte de quedar enterrado en el medio de la calle cuando la misma se “rajó” por el peso del vehículo.

La grieta que se abrió en la calle de tierra “chupó” al auto en todo su lateral izquierdo, quedando el mismo prácticamente con las otras dos ruedas en el aire, para susto de su conductor.

Ante la confusa situación, otro remis de la misma empresa acudió al lugar para buscar el pasajero que seguía esperando, pero con tanta mala fortuna que también quedó enterrado a unos 20 metros antes de donde se había siniestrado el Duna.
Es decir que los dos vehículos, de la misma empresa, terminaron parcialmente hundidos en el medio de la calle, de la que además comenzó a brotar agua servida.

Afortunadamente los conductores no sufrieron heridas aunque no pudieron ocultar su enojo e indignación por la situación. “Iba pasando por la calle Los Alerces -que estaba totalmente seca-, y de golpe el auto se hundió y quedó atrapado sin poder salir”, dijo el conductor del primer vehículo afectado.

Minutos después del hecho llegó al lugar un agente de tránsito que tomó los datos de los rodados y efectuó el informe correspondiente. Luego los autos fueron removido con ayuda de otros vehículos y por vecinos del lugar quienes manifestaron su preocupación por lo ocurrido, teniendo en cuenta que a simple vista la calle no parecía presentar los problemas que luego generó.

 

La municipalidad de Gualeguay fue allanada por la policía

En una inusual acción, la policía y por orden del Fiscal Darío Crespo, allanó las oficinas de la Municipalidad de Gualeguay cuyas autoridades estarían sospechadas. El Intendente es José Jodor y la denuncia habría sido hecha por integrantes de las cooperativas, a quienes se les adeudaría una suma importante de dinero. También habrían denunciado supuestas irregularidades en la administración de los fondos enviados por la Nación. Ante el escándalo, el Senador provincial Eduardo Jodor (hijo del Intendente) aseveró que para él “debería existir respeto y cordialidad, incluso una mínima información previa, decir que habrá una intervención de funcionarios judiciales. Esto nos ha sorprendido”

De acuerdo a la información aportada por el diario El Día de Gualeguaychú, el miércoles por la mañana, y a raíz de una denuncia efectuada en los tribunales locales una comisión judicial y policial allanó las oficinas de la Municipalidad de Gualeguay. El procedimiento, que rápidamente ganó repercusión pública, se originó por una presentación efectuada en la Fiscalía local, a cargo del Dr. Darío Crespo en la que se habrían denunciado presuntas irregularidades en la construcción del CIC (Centro Integrador Comunitario), una obra financiada por la Nación y con la participación de cooperativas de trabajadores.

Crespo llegó a la municipalidad alrededor de las 8 de la mañana, junto a numerosos funcionarios, secuestrando abundante documentación de la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Liquidaciones, Contaduría, Tesorería, Secretaría Técnica, Dirección de Acción Social, Departamento Compras y Secretaría de Obras Públicas. La denuncia habría sido hecha por integrantes de las cooperativas, a quienes se les adeudaría una suma importante de dinero. También habrían denunciado supuestas irregularidades en la administración de los fondos enviados por la Nación.

El CIC es una obra de 700 metros cuadrados cubiertos, ubicado en la zona oeste de la ciudad, que servirá para alojar dispensarios, jardines y brindar cursos de capacitación. Extrañamente, y si bien hace casi dos meses que está terminado, el intendente José Jodor se niega a inaugurarlo esperando la llegada de la Ministra de Acción Social Alicia Kirchner. La hermana del Presidente, con todo listo, suspendió ya dos veces su visita a Gualeguay.

Indignados por el procedimiento, la reacción oficial fue criticar con dureza al Fiscal Darío Crespo y a la propia policía. En declaraciones efectuadas a LT38, el Senador provincial Eduardo Jodor denunció que se intentaba equiparar esta situación con lo ocurrido en Gualeguaychú. Quizás sin darse cuenta, el senador Jodor descubrió como funciona el sistema cuando de poderosos se trata. El legislador aseveró que para él “debería existir respeto y cordialidad, incluso una mínima información previa, decir que habrá una intervención de funcionarios judiciales”.

“La movilización –calificó- fue desmesurada llevando preocupación a empleados y funcionarios del municipio. Esto nos deja preocupados. Hace unas horas nos reunimos con vecinos y hay quejas sobre la seguridad. Ante esto nos encontramos con que funcionarios judiciales movilizan a la policía para estos menesteres”.

El legislador aseveró que para él “debería existir respeto y cordialidad, incluso una mínima información previa, decir que habrá una intervención de funcionarios judiciales. Esto nos ha sorprendido. A estos funcionarios judiciales, que disponen tan libremente de los policías, les digo que nosotros no somos la municipalidad de Gualeguaychú, Tenemos otra forma de hacer las cosas”.

Jodor remarcó que “te ponen fajas de clausura como si fueras un antro de corrupción. Insisto, esta no es la municipalidad de Gualeguaychú. Acá hay que proceder como corresponde. Acá hay gente que gobierna bien y con respaldo masivo y popular. No vaya a ser cosa que esto le sirva a algunos para justificar la no solución de los delitos callejeros. Esto no ha pasado en ningún lugar de la provincia”. En relación a las motivaciones políticas, el senador agregó que “hay funcionarios que por la forma de tratar no sé si estaban en la interna. Pero no se pueden utilizar los cargos para crear sospechas y desasosiego en la población”.

También el Secretario de Gobierno, Gastón Justet definió como un avasallamiento lo ocurrido, denunciando que se quiere “instalar” el tema como si fuera similar a lo que pasó en Gualeguaychú. Al respecto señaló que “lo que pasó generó profundo malestar, porque se tiñe a toda la gestión municipal de un manto de sospecha. Incluso algunos medios periodísticos quieren comparar esto con Gualeguaychú y no es nada que ver. Acá no hay faltante de dinero ni se habla de negociaciones turbias, sólo ha habido una denuncia de un Plan Trabajar”.

La indignación oficial llegó a tal punto que el titular del Ejecutivo local, José Jodor remitió ayer una carta a la Dra. Valeria Barbiero de Debeheres, a cargo del juzgado de instrucción Nro 2, quejándose por el despliegue

 

Irigoyen: “No voy a renunciar”

El intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen llamó ayer a conferencia de prensa, “para evitar comentarios inútiles y explicarle a la comunidad qué es lo que está pasando”, dijo, respecto del procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay. El jefe comunal, de extracción nuevoespacista vinculado al solanismo, dijo además que una posible renuncia “no se me cruzó por la cabeza”.

Ayer, Irigoyen se presentó acompañado de prácticamente, todo su equipo de gobierno, incluidos concejales. En la mesa central estaban junto a él, además de su abogado Jaime Martínez Garbino (h), el presidente del Concejo Deliberante Héctor de la Fuente, y el secretario de Gobierno, Sergio Delcanto. Detrás de la prensa, el resto, representantes de todas las áreas municipales. El ambiente general era de extrema seriedad.

A la hora de la conferencia de prensa, ni Irigoyen ni su abogado habían sido notificados del procesamiento. Se enteraron por los medios de comunicación. No conocían aún los fundamentos. Sin embargo, al menos dos de los abogados de otras de las partes involucradas, uno de ellos Amelia Angerosa, ya tenían el fallo en su poder.

El juez Roberto Cadenas fue objeto de elogios por parte del intendente en varias oportunidades. Dijo que había actuado en forma “excepcional”, con celeridad, transparencia y que estaba sobre la ruta del dinero, “que es lo que a todos nos importa. Pero ahora, agregó, desvían la causa hacia Concepción del Uruguay”.

“No se puede gobernar y controlar las conciliaciones bancarias todos los días. Cuando se tiene un ladrón en casa…”, dijo el intendente, dando a entender lo difícil que resultaba haber detectado el faltante antes de la denuncia de Mariela Watters. “No sé qué más podría haber hecho para controlar – afirmó -. Para detectar lo que sucedía, tendría que haber ido diariamente al banco a comparar las conciliaciones bancarias que presentaba Giménez (falsas) con los números del banco”, lo que resulta materialmente imposible.

“Nos llama la atención la velocidad con que ha salido el fallo”, fue, palabras más o menos, una de las ideas centrales de la conferencia de prensa. El expediente de la causa lleva ya 6 mil fojas, lo que implica que, luego del pedido del fiscal Young, la Cámara tuvo un mes y 10 días para leerlo. Aproximadamente, unas 200 fojas diarias.

 

La Cámara dictó el procesamiento de Irigoyen y lo embargó por 500 mil pesos

La Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay dictó este jueves el procesamiento del intendente de Gualeguaychú, Daniel Irigoyen, en la resonante causa de Tesorería Municipal.

Además, la Cámara trabó un embargo de 500 mil pesos para el intendente Daniel Irigoyen, en la causa por malversación culposa.

La resolución de la Cámara, fue dispuesta tras el pedido coincidente de los fiscales que intervienen en la causa.

Irigoyen fue procesado por nueve hechos, y la decisión lo complica desde el punto de vista judicial.

Asimismo, la Cámara confirmó los procesamientos del contador Angel José Giménez, y del ex secretario de Hacienda, Néstor Pérez.

La medida podría tener derivaciones políticas. Daniel Irigoyen no es candidato en los próximos comicios, pero es considerado un dirigente “K”, al punto que su nombre suena para un importante cargo en el Ministerio del Interior, una vez que finalice su gestión, dentro de un año. En Gualeguaychù, Irigoyen apoya a Luis Leissa, de la Concertación-Nuevo Espacio, para la intendencia (elecciones el 18 de marzo próximo), pero a nivel provincial se distanció de Emilio Martínez Garbino y apoya a Julio Solanas, también “K”.